El debate sobre los derechos laborales en Lesoto ha cobrado relevancia en los últimos tiempos, especialmente en lo que respecta a las licencias de maternidad en el sector textil y de seguridad.  

Desde 2014, la orden salarial de Lesoto otorga a las personas trabajadoras 12 semanas de licencia de maternidad remunerada, excepto a aquellas en el sector textil y de seguridad, quienes sólo reciben seis semanas de licencia. 

Según datos de la Asociación Multilateral para la Sindicación, el Empoderamiento de los Trabajadores y los Derechos (M-POWER), alrededor de 40,000 mujeres se ven afectadas por esta política discriminatoria. De acuerdo con la constitución de Lesoto, esta distinción podría ser legal si se presentaran justificaciones razonables para ello; sin embargo, el gobierno no ha proporcionado ningún argumento que explique esta exclusión. 

La realidad es que no hay ninguna razón válida para exigir que las mujeres de los sectores textil y de seguridad vuelvan a trabajar antes que todas las demás después de haber dado a luz. Tampoco es razonable que no puedan acceder a los pagos que marca la ley por tomar la misma cantidad de licencia que las mujeres en otros sectores. 

Esta disparidad viola claramente las disposiciones constitucionales de Lesoto sobre igualdad y no discriminación, así como las obligaciones internacionales del país en virtud de los tratados internacionales. Es fundamental reconocer que esta diferencia en la licencia de maternidad no solo es una cuestión de equidad, sino fundamentalmente de derechos humanos. La discriminación por razones de raza, clase y género ―como se observa en la industria textil de Lesoto―, es inaceptable y socava los esfuerzos por lograr entornos laborales inclusivos y justos.  

Ante esto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Confección, Textiles y Afines (NACTWU), así como varios demandantes individuales, han presentado una denuncia ante el Tribunal Constitucional de Lesoto, respaldados por siete sindicatos adicionales. Este paso legal es crucial para buscar justicia y poner fin a la discriminación en los ecosistemas laborales. 

Se espera que esta acción legal conduzca a cambios positivos y a una mayor protección de los derechos de las y los obreros y que, al mismo tiempo, sirva como un ejemplo de lo importante que resulta la organización sindical para hacer valer los derechos de todas las personas trabajadoras.

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