En México diariamente son asesinadas de 10 a 11 mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Estas cifras alarmantes son consecuencia de la violencia de género, un mal que está profundamente naturalizado en el país y que causa estragos en todos los ámbitos de las vidas de las mexicanas.
Tan solo en marzo del año en curso, el 45% de las ciudadanas aseguraban haber experimentado algún tipo de agresión o acoso sexual —según una encuesta de Enkoll para el diario El País—. Esta clase de ataques se extienden con mucha frecuencia al escenario laboral, donde ellas se ven constantemente en la necesidad de guardar silencio para no perder su sustento económico.
Ahora, es importante explicar que la violencia de género es aquella que se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos y, acorde con información de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), puede ser de tipo sexual, físico, psicológico y económico. En este sentido, el daño que sufren las mujeres en sus espacios de trabajo no se da de manera fragmentada: no solamente se les afecta monetariamente, sino que también son víctimas de acoso, así como de toda clase de violencia.
La violencia laboral y el convenio 190
El pasado 15 de marzo, el Senado de la República ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se trata de un gran paso en materia de derechos laborales ya que este documento les hace frente a los abusos que permean en el ecosistema laboral. En la opinión de la periodista Haydeé Gómez, de Animal Político, “la innovación del Convenio radica en que reconoce el derecho de todas las personas a un mundo del trabajo libre de violencia. Esto pone al centro todas las violencias de todas las personas”.
En este sentido, la organización feminista Interseca, resalta que el Convenio es de suma importancia porque define a la violencia y al acoso como “el conjunto de comportamientos y prácticas que tienen por objeto causar un daño físico, psicológico, sexual o económico en el mundo del trabajo”; además, basta con que el acto violento ocurra una sola vez para poder atenderle. De igual manera, defiende a los empleados sin importar su situación contractual y les protege no solo de los directivos, sino también de otras personas trabajadoras o de terceros.
Otros de los aspectos dignos de resaltar de este instrumento es que su protección comprende todo acto que ocurra durante el trabajo, en relación con él o como resultado de este. Asimismo, pone especial énfasis en crear medidas que no solamente sen punitivas, sino que se centren en la reparación de daños que realmente espera la víctima.
Además, el Convenio no deja de reconocer que hay ciertos grupos vulnerables, como es el caso de las mujeres, en los que se concentra un porcentaje preocupante de la violencia que ocurre en los espacios de trabajo.
En su informe La violencia en el mundo del trabajo, Intersecta resalta que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2021, aproximadamente 120,801 mujeres reportaron intentos de violación y 33,300 una violación. Aunado a ello, el 8.5% de las mujeres denunció que entre octubre de 2020 y octubre de 2021 le ocurrió un incidente de violencia psicológica en su trabajo. De ahí la importancia de que el convenio 190 incluya también a las agresiones de este tipo, pues según las estadísticas, es la violencia más reportada en el ámbito laboral por las mujeres de 15 años y más.
Al respecto, en entrevista para Iniciativa Arropa, Inés González Nicolás, de la Red de Mujeres Sindicalistas, afirmó que “el convenio entra en vigor el 6 de julio y eso nos da mucha alegría porque las mujeres ya tendríamos esta herramienta para apelar ante todos estos problemas de violencia en los centros de trabajo. También pienso que, con todos sus protocolos, es una herramienta muy poderosa para avanzar hacia la prevención y la erradicación de la violencia laboral en los centros de trabajo y los sindicatos, especialmente si lo miramos con una perspectiva de género”.
Las mujeres y la industria indumentaria
La industria indumentaria es uno de los terrenos donde más evidente se vuelve la violencia laboral hacia las mujeres, pues se trata de un sector altamente feminizado; son ellas quienes más participan en este tipo de actividad. Al margen de lo dicho, el informe Reforma laboral: Análisis desde una perspectiva de género, elaborado por la asociación civil La Círcula, resalta que el 68 por ciento de quienes trabajaban en la confección de prendas de vestir son mujeres.
La cuestión es que, aunque la mano de obra femenina ocupa el mayor espacio de este sector, ellas son contratadas para los puestos de responsabilidad más bajos y en las peores condiciones. El informe Aspectos de género en la industria de la indumentaria latinoamericana, del Centro de Investigaciones sobre Empresas Multinacionales (SOMO), observa que “dentro del sector, también hay una clara segregación por género conforme a la cual las mujeres se encuentran en los trabajos que requieren menor nivel de calificación y los peor pagados. Cuando las tareas se vuelven más avanzadas o cuando se requiere ejercer la autoridad, se tiende a emplear a hombres. Como a menudo en la industria de la vestimenta, es la mujer la que soporta las peores condiciones”.
Así, las trabajadoras se enfrentan a una evidente situación de desigualdad. Sobre este tema, el ya mencionado informe de La Círcula, asevera que, a causa de estos hechos, en las maquiladoras las mujeres sufren constantemente de acoso sexual y hostigamiento, así como de abuso por parte de sus patrones, pero carecen de protección legal y cuando denuncian son despedidas.
Todo lo anterior las lleva a soportar en el mutismo la violencia de la que son víctimas. Además, la mayoría de las trabajadoras de la industria textil son mujeres jóvenes sin estudios, y la necesidad económica las lleva a tolerar muchos malos tratos con tal de ganar un poco de dinero.
En la publicación Discriminación y violencia laboral contra las mujeres en México. Logros y retos en la legislación laboral en México, llevada a cabo por Andrea Medina Rosas y Dafne Peña Vera —pertenecientes a la Red de Mujeres Sindicalistas—, se advierte que los avances legales en materia de hostigamiento sexual y laboral han sido profundamente limitados por prejuicios misóginos expresados por los propios legisladores, y que, por otro lado, “las patronales consideran que no tienen la obligación de investigar los casos de discriminación y violencia que suceden en los centros de trabajo. Prácticamente ningún centro de trabajo establece medidas de protección para las mujeres que sufren hostigamiento o acoso sexual, orillándolas a seguir trabajando junto con su agresor”.
Asimismo, aclaran que cuando algún caso llega a la Junta de Conciliación y Arbitraje se busca únicamente investigar a la persona agresora y no la responsabilidad de la patronal para prevenir y no tolerar esta clase de actos.
Es por ello que en Iniciativa Arropa creemos que es importante configurar nuevos y más eficaces mecanismos para reportar y erradicar el acoso. También insistimos en lo esencial que es vincularnos directamente con las trabajadoras, para así explicarles cuáles son sus derechos laborales y cuáles son los caminos disponibles para denunciar cuando sea pertinente. Igualmente, nos concentramos en dar a conocer las obligaciones de la reforma laboral y del Convenio 190, para que sus estatutos puedan bajar a la realidad y sean realmente utilizados por las trabajadoras. De esta forma se reducen las posibilidades de que sufran represalias o pierdan el empleo al levantar la voz sobre los abusos a los que son sometidas.
Para continuar con la construcción de una industria indumentaria libre de violencia, te invitamos a seguir la Iniciativa, así como los esfuerzos de las organizaciones que la conforman, en nuestras Publicaciones.
Fotografía cortesía de CFO
