La globalización de los procesos de producción, así como el crecimiento desmedido de las industrias, ha generado una desestabilidad laboral que desafortunadamente apunta a la precariedad y la violación de los derechos humanos. Esta situación afecta más a grupos históricamente vulnerables, tal como es el caso de los adolescentes.   

En México, la edad legal para el trabajo adolescente es de los 15 a los 17 años. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), para que esta actividad habite dentro de los parámetros de la ley, los patrones deben cumplir con disposiciones muy claras como: no ofrecer jornadas de más de 6 horas diarias, pago justo, dejar el domingo como un día obligatorio de descanso, no exponer a maquinarias peligrosas, así como respetar los horarios escolares y de estudio, entre otros. Y aunque teóricamente todos estos marcos suenan alentadores, la realidad es que la mayoría de quienes ingresan al mercado de trabajo a temprana edad lo hacen en condiciones de abuso y explotación.    

En su artículo Jóvenes y precariedad laboral en México, la investigadora Orlandina de Oliveira asegura que “en un contexto de escasez de empleos y desregulación de las relaciones laborales, la fuerza de trabajo más joven está expuesta a situaciones extremadamente precarias”. Ante un clima de incertidumbre, desprotección social y exclusión, la mayoría de los adolescentes aceptan empleos temporales y sin contratos.  

Datos de la organización YouthBuild International, arrojaron que en 2022 el 80 por ciento de los jóvenes con empleo tenía un ingreso menor al costo de la canasta básica, mientras que el 51 por ciento carecía de seguridad social. Estas estadísticas se suman a un panorama donde la pobreza se vuelve un aliciente para que accedan a trabajos donde sus derechos son constantemente quebrantados.   

En este sentido, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reveló que en nuestro país el 51 por ciento de los niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza, de los cuales 4 millones sobreviven en pobreza extrema.  

Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señala que dos de cada 10 jóvenes —de entre 15 y 24 años— no buscan empleo porque no consideran que existan posibilidades de encontrar una oportunidad de calidad. Por otro lado, el 44.9 por ciento de los menores de edad con trabajo reciben una remuneración máxima de $5 mil 186 pesos mensuales, por jornadas de entre 35 y 48 horas semanales.  

Además, en 2022 se registró una tasa de informalidad de 67.4 por ciento para los jóvenes. Lo cual significa, entre otras cosas, que no tienen acceso a seguridad social o prestaciones de ley. Esta cifra también es preocupante porque quienes ingresan al mercado laboral con un empleo informal tienen una mayor probabilidad de no tener un trabajo formal a lo largo de su trayectoria.  

Detrás de cada una de estas cifras hay una serie de condiciones estructurales —que van desde el ámbito geográfico, sociopolítico, económico y hasta familiar— que afectan el sano desarrollo de los adolescentes, al tiempo que limitan sus oportunidades. 

En Iniciativa Arropa creemos que es necesario formar a los jóvenes en torno a sus derechos laborales, para que así se hagan de una voz y exijan lo que les corresponde. Nuestra principal preocupación es dignificar el trabajo de los adolescentes en edad legal para laborar: queremos construir ambientes donde sus derechos sean respetados y las condiciones que se les ofrezcan sean justas.   

Cortesía de World Vision México

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